El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil

El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N° 27.801, que alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años. La implementación quedó formalizada mediante el decreto 875/26, publicado en el Boletín Oficial, que establece los mecanismos para aplicar las modificaciones incorporadas al sistema penal juvenil.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques. La reforma permite que adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal, aunque bajo un esquema específico y diferenciado del régimen penal de adultos.

El nuevo sistema contempla la posibilidad de aplicar condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la coordinación general del régimen, la elaboración de normas complementarias y la celebración de convenios con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los principales cambios previstos por la reglamentación es la incorporación de la figura del supervisor especializado, quien tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento, brindar asistencia y ejercer el control sobre el adolescente durante el proceso judicial. Para ocupar ese puesto será necesario contar con formación académica vinculada con educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

La reglamentación también dispone la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia. Mientras se lleva adelante la convocatoria pública para conformar el registro definitivo, la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados. Ese proceso tendrá un plazo máximo de 180 días y serán los jueces quienes seleccionen al supervisor correspondiente en cada causa.

La reglamentación establece además un esquema de coordinación entre distintas áreas del Estado. Para eso se creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que estará integrado por representantes de cuatro ministerios: Justicia, que tendrá la coordinación; Seguridad Nacional; Capital Humano; y Salud. Cada cartera deberá designar un representante titular y otro suplente, con rango mínimo de director nacional.

El comité tendrá entre sus tareas la elaboración de criterios comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción, además del intercambio de información estadística y técnica. También podrá formular recomendaciones no vinculantes y deberá coordinar las acciones necesarias para implementar las penas alternativas contempladas por la ley.

El decreto prevé, además, la participación de distintos organismos como colaboradores cuando los temas tratados así lo requieran. Entre ellos figuran la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial.

A nivel federal también se puso en marcha la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un ámbito permanente de articulación entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La adhesión será voluntaria y la coordinación estará a cargo de un representante del Ministerio de Justicia.