Los prestadores aseguran que acumulan entre 60 y 90 días de espera para cobrar por los servicios brindados y cuestionaron la falta de respuestas oficiales. Indicaron que se pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de las personas con discapacidad.
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad volvieron a advertir sobre la crítica situación que atraviesa el sector y reclamaron respuestas concretas frente a las demoras en los pagos. Según señalaron, muchos profesionales llevan entre 60 y 90 días, o incluso más, esperando cobrar por su trabajo.
El reclamo fue expresado por integrantes de AsPREDis (Prestadores Unidos Mar del Plata), la asociación civil conformada recientemente por trabajadores del sector para representar y visibilizar las dificultades que atraviesan quienes brindan servicios y apoyos a personas con discapacidad.
En un comunicado, plantearon que el conflicto se desarrolla en un contexto de emergencia y cuestionaron que se les solicite continuar esperando “sin una fecha cierta, sin respuestas concretas y sin saber cuándo llegará el dinero” que les corresponde.
El reclamo se suma a la preocupación que atraviesa al sector por la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada para atender la situación crítica de las prestaciones y garantizar su sostenimiento.
Para AsPREDis, uno de los principales problemas no es solamente la falta de pago, sino también el silencio de los organismos responsables de gestionar y brindar información. “No anuncian fechas, no explican qué está ocurriendo y no dicen cuándo se resolverá”, cuestionaron.
La situación, advirtieron, genera un efecto directo sobre quienes sostienen cotidianamente las prestaciones. “No pueden seguir financiando un sistema que no les ofrece ninguna certeza”, expresaron.
En ese sentido, remarcaron que el conflicto excede la situación económica de los profesionales: “Si quiebra el prestador, quiebra la prestación”, señalaron, al advertir que una eventual interrupción de los servicios podría afectar el derecho de las personas con discapacidad a acceder y dar continuidad a sus tratamientos.
Finalmente, responsabilizaron al Estado y a los organismos involucrados por “el silencio, la inacción y el abandono” y solicitaron al Foro Permanente de Discapacidad que se pronuncie y convoque a un paro.
“La emergencia no puede seguir esperando”, concluyeron.
