César Ventimiglia, titular de Mirada Ciudadana, ONG querellante en la causa, cuestionó la falta de participación y transparencia en la concesión del Mundialista. “Hay cláusulas que es inconcebible que hayan sido autorizadas por el Concejo Deliberante”, afirmó.
El presidente de la asociación civil Mirada Ciudadana, César Ventimiglia, realizó fuertes críticas sobre el proceso político en la concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes.
Desde la organización, que fue aceptada como querellante en la causa judicial, apuntaron contra el Municipio y el Concejo Deliberante por las decisiones tomadas durante el tratamiento del pliego.
El presidente de la ONG, César Ventimiglia, sostuvo que uno de los principales problemas fue la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y cuestionó la transparencia del procedimiento. “A nosotros como organización de la sociedad civil lo que nos interesa básicamente es la participación ciudadana, que acá no ha estado presente, no ha habido consultas de ningún tipo”, afirmó.
En esa línea, remarcó que la concesión de un espacio estratégico para la ciudad avanzó sin instancias de debate con los vecinos y cuestionó el rol que tuvo el cuerpo legislativo al momento de aprobar las condiciones del contrato.
“Tenemos un pliego de una concesión de esta naturaleza con un oferente único para el cual debe ser tratado por el Concejo Deliberante. Y el Concejo Deliberante con 15 votos lo aprueba”, señaló Ventimiglia.

El dirigente también puso la lupa sobre algunas cláusulas incluidas en el acuerdo y sostuvo que resultaba llamativo que fueran avaladas por ediles con formación jurídica. “Hay algunos que son abogados, hay otros que además de ser abogados son profesores de Derecho Administrativo, y hay unas cláusulas que es inconcebible que hayan sido autorizadas por el Concejo Deliberante”, cuestionó.
Mirada Ciudadana pidió ante la Fiscalía de Delitos Económicos una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre la concesión y solicitó, entre otras acciones, una inspección en el predio para verificar el estado de las instalaciones y las obras comprometidas.
Para Ventimiglia, más allá del avance judicial, el proceso dejó responsabilidades políticas. “Hay también una importante responsabilidad política, tanto del Ejecutivo por impulsar el proyecto, como del Concejo por aprobarlo”, concluyó.