Un dictamen del procurador pone en riesgo el cobro de la Tasa de Alumbrado
Un dictamen del procurador pone en riesgo el cobro de la Tasa de Alumbrado
El procurador Eduardo Casal respaldó la postura del Gobierno nacional de impedir que tasas municipales se cobren junto a los servicios públicos. Si la Corte Suprema confirma ese criterio, el Municipio podría ver afectada seriamente la recaudación.
El reciente dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, abrió un nuevo frente de incertidumbre para los municipios que decidieron incorporar tasas locales en las facturas de electricidad. En el caso de General Pueyrredon, el pronunciamiento podría impactar de lleno sobre el nuevo sistema de cobro de la Tasa por Alumbrado Público a través de las boletas de EDEA, una herramienta impulsada por el gobierno municipal para mejorar la cobrabilidad de ese tributo.
Casal recomendó a la Corte Suprema revocar el fallo que había favorecido a la Municipalidad de José C. Paz y avaló la postura del Gobierno de Javier Milei, que busca impedir que las empresas prestatarias incluyan en las facturas conceptos ajenos al servicio que brindan.
El procurador sostuvo que corresponde al Estado nacional regular el contenido de las facturas de los servicios públicos bajo jurisdicción federal y consideró que la prohibición de incorporar tasas municipales no vulnera la autonomía financiera de las comunas, sino que las obliga a buscar otros mecanismos de recaudación.
Aunque el dictamen no es vinculante, representa un antecedente de peso para la decisión que deberá adoptar la Corte Suprema y fortalece la estrategia del Gobierno nacional en su ofensiva para eliminar tributos municipales de las boletas de luz, gas y otros servicios.
En General Pueyrredon, el Concejo Deliberante aprobó este año que la Tasa por Alumbrado Público deje de cobrarse mediante los tributos municipales y pase a integrarse a la factura de EDEA y de las cooperativas eléctricas, con actualizaciones bimestrales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si la Corte finalmente acompaña el criterio de Casal y ese mecanismo queda alcanzado por la decisión judicial, el Municipio podría verse obligado a rediseñar el sistema de percepción del tributo, con el riesgo de afectar los niveles de cobrabilidad previstos y, en consecuencia, uno de los objetivos centrales de la política de ingresos de la administración local.