Denuncian a Milei por autorizar el ingreso de tropas de EE.UU. para ejercicios militares en territorio argentino

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Juan Marino, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el decreto a través del cual el Gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para participar de ejercicios militares realizados en Argentina. La presentación también alcanza al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro de Defensa, Carlos Presti; al canciller, Pablo Quirno; y al exsecretario de Comunicación, Javier Lanari.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini. Con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, Marino sostiene que más de 350 militares estadounidenses participaron durante 42 días de los ejercicios «Daga Atlántica» y «PASSEX», en los que intervino el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz.

El legislador argumentó que el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país y afirmó que la Ley 25.880 impide que esa autorización sea otorgada mediante un decreto. En ese marco, pidió que se investigue la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria.

Las maniobras cuestionadas tuvieron un fuerte impacto en Mar del Plata, ya que parte de los ejercicios se desarrolló frente a las costas de la ciudad. Durante esas jornadas se realizaron operaciones navales y demostraciones aéreas con aviones F-18 y helicópteros estadounidenses en el Atlántico Sur. Incluso, el presidente Milei viajó a la zona de operaciones a bordo de una aeronave militar estadounidense y visitó el USS Nimitz, en una actividad organizada por el Comando Sur de Estados Unidos, la Embajada estadounidense y la Armada Argentina, que el Gobierno presentó como una instancia de cooperación entre ambas fuerzas. Ahora, esa autorización quedó en el centro de una investigación judicial impulsada por la oposición.