El concejal de AM presentó un proyecto para suspender ejecuciones fiscales y embargos bancarios, además de impulsar una moratoria con quita de intereses y planes de pago más accesibles para comercios e industrias.
El concejal de Acción Marplatense Gustavo Pulti presentó un proyecto de resolución para solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales, embargos de cuentas bancarias y otras medidas de cobro contra las pequeñas y medianas empresas de General Pueyrredon.
“ARCA debe detener ya los embargos de las cuentas corrientes para dar alivio al comercio y la industria”, sostuvo el exintendente, quien además reclamó la implementación de planes de regularización que contemplen la situación económica que atraviesan sectores como el comercio, la industria, la gastronomía y la hotelería.
Según explicó, la iniciativa surgió tras escuchar los planteos de comerciantes afectados por embargos que, afirmó, generan dificultades para sostener la actividad diaria. “Interrumpen la cadena de pagos y se vuelven imposibles de afrontar en este contexto económico”, señaló.
El proyecto también propone la eliminación de intereses resarcitorios, punitorios y multas acumuladas, junto con la reformulación de planes de pago vencidos para crear una moratoria con plazos más extensos y condiciones de financiación acordes a la realidad de las empresas.
Pulti consideró que la propuesta puede convertirse en un punto de acuerdo entre distintos sectores políticos y convocó al gobierno municipal a respaldarla “para proteger la actividad económica marplatense”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el edil advirtió sobre el deterioro que enfrenta el sector productivo a raíz de la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades para sostener la cadena de pagos. En ese sentido, remarcó que las PyMEs representan la gran mayoría de las empresas empleadoras del país y tienen un papel central en la generación de empleo formal.
Además, sostuvo que muchas firmas acumulan deudas tributarias porque priorizan el pago de salarios y proveedores para mantener sus operaciones, por lo que los embargos terminan afectando el capital de trabajo indispensable para su funcionamiento.
Finalmente, vinculó la situación de las empresas con el complejo escenario laboral de Mar del Plata y advirtió que más de 111 mil personas enfrentan problemas de empleo entre desocupados, subocupados y trabajadores que buscan mejorar sus ingresos. “Resulta más beneficioso para el Estado ayudar a recuperar empresas que empujarlas al cierre, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo”, concluyó.