Martilleros rechazan la desregulación impulsada por libertarios y advierten: “Se legaliza la ilegalidad”

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires salió al cruce del proyecto impulsado por legisladores de La Libertad Avanza que propone avanzar la desregulación del mercado inmobiliario y advirtió que la iniciativa podría afectar el ejercicio profesional y los mecanismos de control sobre las operaciones de compraventa.

El presidente de la entidad, Luis Eusebio Colao, cuestionó la propuesta y aseguró que representa «un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional» de la provincia. Según sostuvo, el proyecto busca equiparar a profesionales universitarios matriculados con personas o empresas que no cuentan con habilitación para ejercer la actividad.

Uno de los puntos más controvertidos, según explicó, es la modificación del artículo referido a las infracciones, que excluiría de sanciones a quienes intervengan en operaciones inmobiliarias sin poseer título de martillero o corredor público. «Se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas», afirmó Colao al cuestionar la iniciativa.

El debate se da en el marco de una serie de propuestas de desregulación promovidas por dirigentes libertarios en distintos ámbitos económicos. En el caso del mercado inmobiliario bonaerense, la discusión gira en torno al rol de los corredores matriculados y a la posibilidad de flexibilizar la exclusividad que actualmente tienen para intervenir en determinadas operaciones.

Desde los colegios profesionales sostienen que la matriculación y el control institucional constituyen herramientas esenciales para brindar seguridad jurídica y proteger tanto a compradores como a vendedores. Además, advirtieron que una eventual desregulación podría afectar miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la actividad.

En contraposición, también fue presentado en la Legislatura un proyecto del diputado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, que busca reforzar el marco regulatorio vigente y actualizar la normativa que rige la actividad de martilleros y corredores públicos.