El Ejecutivo respondió un pedido de informes del Concejo Deliberante y, por primera vez, expuso formalmente su posición sobre aplicaciones como Uber. Propuso crear un registro y aseguró que no encuentra impedimentos para el funcionamiento del servicio bajo determinadas condiciones.
En medio del debate abierto en el Concejo Deliberante y tras los incidentes ocurridos la semana pasada entre taxistas y conductores de aplicaciones, el gobierno municipal dio a conocer finalmente su postura respecto al funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en General Pueyrredon.
La definición quedó plasmada en un informe enviado a la Comisión de Movilidad Urbana, en respuesta a un pedido de informes realizado por los concejales que participan de la discusión sobre una posible regulación de la actividad. Se trata de un pronunciamiento de peso, teniendo en cuenta que actualmente las plataformas funcionan en Mar del Plata pese a la existencia de una ordenanza que prohíbe esa modalidad y que, en los hechos, el municipio optó por no avanzar con controles.
En el documento, firmado por Director General de Transporte Federico Chioli, el Ejecutivo deja en claro que no observa obstáculos para que el servicio pueda desarrollarse, siempre que exista un marco regulatorio y se cumplan determinados requisitos.
La principal propuesta es que el registro a crearse alcance a las personas jurídicas que intermedian entre la oferta y la demanda del transporte mediante aplicaciones móviles o plataformas web. Además, esas empresas deberán contar con domicilio legal y electrónico en el Partido de General Pueyrredon.
A su vez, se establece que las compañías serán las responsables de garantizar que los conductores cuenten con licencia profesional categoría D1 otorgada por el municipio, acrediten anualmente la ausencia de antecedentes penales y tengan autorización para conducir los vehículos afectados al servicio.
En cuanto a las unidades, el informe exige que dispongan de la Verificación Técnica Vehicular correspondiente para transporte de pasajeros y de un seguro específico previsto por la normativa nacional. Incluso, señala que no existen impedimentos para que el servicio pueda prestarse con distintos tipos de rodados, siempre que se ajusten a las exigencias legales.
Otro aspecto relevante es que el Ejecutivo considera innecesario crear un registro de choferes, al entender que la responsabilidad por el cumplimiento de todos los requisitos debe recaer sobre las empresas intermediarias, que además deberán mantener una base de datos actualizada de conductores y vehículos.
De esta manera, el gobierno municipal fijó por primera vez una posición pública sobre una actividad que, aunque hoy se desarrolla al margen de la normativa vigente, suma cada vez más presión para contar con una regulación específica.