Tras casi dos años de reclamos salariales y movilizaciones, el Gobierno nacional presentó una propuesta de recomposición para la docencia universitaria. El eventual acuerdo no modificará los reclamos judiciales por la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Los docentes universitarios de todo el país comenzaron a analizar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo nacional en el marco de las negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una oferta que contempla un incremento del 21,33% para junio y una nueva instancia de revisión salarial antes de fin de año.
La oferta será discutida en paritarias este miércoles y representa el primer ofrecimiento integral realizado por el Ejecutivo luego de meses de conflicto entre la comunidad universitaria y el Gobierno de Milei. Desde los gremios docentes destacaron que la reapertura de la negociación es consecuencia de las medidas de fuerza, movilizaciones y reclamos impulsados por trabajadores, estudiantes y autoridades universitarias.
Además del incremento previsto para junio, que impactaría también en el medio aguinaldo, la oferta incluye una suba adicional del 3% en octubre. Asimismo, establece el compromiso de convocar nuevamente a la mesa paritaria en un plazo máximo de tres meses para revisar la evolución de la inflación y avanzar en la recuperación salarial pendiente.
Otro punto contempla una actualización de la Garantía Salarial Docente para las distintas dedicaciones, mientras que también se fija que las convocatorias paritarias no podrán superar intervalos de tres meses calendario.
Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) informaron que la propuesta está siendo evaluada por los afiliados y afiliadas para definir la postura que llevará la federación CONADU a la negociación nacional. La aceptación o rechazo de la oferta también podría influir sobre el paro que los gremios universitarios habían previsto para la próxima semana.
En paralelo, tanto los sindicatos docentes como las autoridades universitarias ratificaron que un eventual acuerdo salarial no implicará retroceder en cuanto a las acciones judiciales iniciadas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya resolución definitiva permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.