La medida alcanza a 58 empleados vinculados al complejo de Chapadmalal y se enmarca en la reorganización impulsada por la gestión de Javier Milei. El plan oficial apunta a concesionar las unidades turísticas a privados por 30 años.
El Gobierno nacional oficializó este martes el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de la Unidad Turística de Chapadmalal, en el marco de la reestructuración que lleva adelante la administración de Javier Milei sobre los históricos complejos turísticos estatales.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete y alcanza a 58 empleados de Chapadmalal, además de otros 19 trabajadores de la unidad turística de Embalse, en Córdoba.
La medida se produce luego de la eliminación de las áreas organizativas vinculadas a ambos complejos, dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura interna de la Secretaría de Turismo y Ambiente.
Según trascendió desde ATE, entre los afectados en Chapadmalal hay 48 trabajadores de planta permanente y otros 10 contratados cuyos vínculos vencían a fin de año. Durante el período de disponibilidad —que podrá extenderse entre seis y doce meses, de acuerdo con la antigüedad de cada agente— el personal quedará dispensado de prestar tareas habituales, aunque deberá permanecer localizable y asistir ante cualquier convocatoria oficial.
Además, la normativa establece que los empleados podrán ser destinados a capacitaciones o cumplir funciones en servicios tercerizados del Estado. En caso de no ser reubicados al finalizar el plazo previsto, podrán quedar desvinculados de la administración pública nacional con derecho a indemnización.
La resolución también dejó sin efecto distintas comisiones de servicio, adscripciones y trámites administrativos vinculados al personal alcanzado por la reorganización.
El avance del Gobierno sobre Chapadmalal se da en paralelo al objetivo de concesionar tanto ese complejo como el de Embalse al sector privado por un plazo de 30 años. Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa busca atraer inversiones para recuperar la infraestructura hotelera y reducir el costo de mantenimiento estatal.
Mientras tanto, todavía no se formalizó ninguna licitación pública. El Ejecutivo continúa realizando estudios técnicos para definir el esquema de privatización de ambas unidades turísticas.