Raverta impulsa una ley para que la Provincia recupere los hoteles de Chapadmalal y frene su privatización

La senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de la Unidad Turística de Chapadmalal, en medio de la preocupación por la intención del gobierno nacional de avanzar con concesiones privadas sobre el complejo de turismo social.

La iniciativa declara la “voluntad del Estado provincial” de recuperar los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) y sostiene que existe una “desnaturalización del fin social” para el cual fueron creados los hoteles durante la década de 1940.

En el texto, Raverta plantea que todo el predio debe permanecer afectado exclusivamente al turismo social y prohíbe cualquier tipo de explotación comercial privada que contradiga ese objetivo. Además, propone instruir al Fiscal de Estado para impulsar acciones judiciales y medidas cautelares que permitan reclamar la restitución de los inmuebles y evitar concesiones o transferencias que alteren su función histórica.

El proyecto también establece que cualquier contrato firmado por el Estado Nacional con privados sobre el complejo será considerado “inoponible” frente a la Provincia si no garantiza el uso social original y la preservación del carácter de Monumento Histórico Nacional, condición otorgada a Chapadmalal en 2013.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora remarca que la Unidad Turística representa “un derecho conquistado” vinculado al acceso de los trabajadores al descanso y las vacaciones. En ese sentido, advierte que transformar los hoteles en un negocio privado implicaría “atacar la raíz de un patrimonio que pertenece a todos”.

Asimismo, el proyecto busca garantizar el funcionamiento del complejo mediante programas provinciales de turismo social, priorizando el acceso de jubilados, delegaciones escolares y organismos municipales y provinciales.

La propuesta aparece en un contexto de creciente rechazo político y social frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar instalaciones y avanzar con esquemas de concesión por largos períodos. Desde distintos sectores sostienen que la medida pone en riesgo uno de los símbolos históricos más importantes del turismo social argentino.