Organismos de Derechos Humanos cuestionaron al juez Inchausti y al municipio por decisiones sobre el predio de la ex ESIM

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado un duro comunicado contra el juez federal Santiago Inchausti por las decisiones adoptadas en torno al predio de la ex ESIM, ex centro clandestino de detención que la empresa Burbarret pretende explotar comercialmente con un emprendimiento vinculado a Gin La Restinga.

Bajo el título “Respeto a la Justicia, Mar del Plata ciudad de negociados”, el organismo cuestionó que el magistrado haya avanzado sobre la medida cautelar que protegía el predio en el marco de un incidente judicial que, según explicaron, tenía como único objetivo realizar una inspección técnica preliminar con georradar.

Desde la Asociación remarcaron que esa herramienta había sido solicitada para detectar posibles alteraciones, estructuras enterradas y eventuales elementos de interés probatorio vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

“Ese expediente tenía un objeto específico y limitado vinculado exclusivamente a tareas técnicas destinadas a preservar y analizar posibles pruebas relacionadas con los delitos de lesa humanidad investigados en la causa principal”, señalaron.

Además, sostuvieron que la causa se encuentra actualmente bajo revisión de la Cámara Federal debido a una apelación presentada por la propia Asociación, por lo que cuestionaron la competencia de Inchausti para resolver sobre la cautelar. En ese sentido, los abogados del organismo ya presentaron un pedido de nulidad de la resolución al considerar que vulnera garantías básicas del debido proceso.

El comunicado también apuntó contra dirigentes oficialistas del gobierno municipal de Guillermo Montenegro, a quienes acusaron de impulsar una lógica de negocios sobre un espacio vinculado al terrorismo de Estado y de presentar el emprendimiento privado como una solución a los problemas de empleo.

“Pretenden hacernos creer que los problemas de empleo de Mar del Plata se resuelven instalando un puesto de venta de gin en un ex centro de detención y muerte”, expresaron.

Por último, denunciaron que se busca ceder “4 hectáreas por apenas $250.000 por mes” y reafirmaron el reclamo por “memoria, preservación y respeto” sobre un espacio que podría contener pruebas fundamentales del terrorismo de Estado. “Nunca Más es Nunca Más”, concluyeron.