Desde el Colegio de Ingenieros denunciaron que la medida de fuerza en ARBA bloquea mensuras, frena escrituraciones y afecta ingresos. “Es un obstáculo directo al derecho de trabajar”, sostuvieron.
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), particularmente en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, donde una medida de fuerza mantiene virtualmente paralizada la actividad desde fines de febrero.
A través de un comunicado, los profesionales señalaron que las acciones gremiales impulsadas por ATE —que incluyen asambleas prolongadas y retención de tareas— están generando un fuerte impacto en el desarrollo de tareas clave vinculadas a la mensura y al ordenamiento territorial. Según advirtieron, la falta de aprobación de planos y la imposibilidad de registrar estados parcelarios impiden a los ingenieros completar su trabajo, afectando directamente sus ingresos y su vínculo profesional con los clientes.
En ese marco, remarcaron que la problemática no solo alcanza al sector técnico, sino que se extiende al mercado inmobiliario. La falta de informes catastrales y certificados actualizados está provocando la paralización de numerosas operaciones de compraventa, al no poder concretarse las escrituraciones. Esto, indicaron, genera incertidumbre jurídica y compromete la transparencia en las transacciones, así como la correcta valuación fiscal de los inmuebles.
Asimismo, alertaron que los contribuyentes también se ven perjudicados, ya que muchos no pueden avanzar en la regularización dominial de sus propiedades ni en proyectos de subdivisión para construir. “Se trata de ciudadanos que quedan atrapados en un conflicto ajeno, sin poder ejercer derechos básicos”, plantearon.
Desde el Colegio consideraron contradictorio que un organismo clave para la recaudación se convierta en un freno para la actividad económica. En ese sentido, sostuvieron que, si bien los reclamos sindicales pueden ser legítimos, no deberían derivar en la interrupción total de un servicio público esencial.
Frente a este escenario, reclamaron la intervención del gobernador Axel Kicillof para destrabar el conflicto y restablecer el funcionamiento pleno de Catastro. “Los ingenieros y la sociedad bonaerense no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas, mientras se profundiza la parálisis de una actividad ya golpeada”, concluyeron.