Financiamiento Universitario: “El fallo nos llena de esperanza: ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley”

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, se refirió al reciente fallo judicial que ordena al Gobierno nacional aplicar artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario y expresó que la decisión “llena de alegría y de esperanza” al sistema educativo superior.

“Lo que dice claramente es que tienen que cumplir la ley, aplicar los artículos 5 y 6, que actualizan no solamente becas sino salarios docente y no docente”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que las universidades aguardan una instancia de diálogo con el Ejecutivo para definir cómo se llevará adelante el cumplimiento de la resolución.

Biasone también enfatizó la postura del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país: “Estamos convencidos y firmes en la determinación de exigir el cumplimiento de la ley y sostener ese reclamo hasta las últimas consecuencias”.

En medio de un contexto de fuerte restricción presupuestaria, la rectora describió las dificultades cotidianas que atraviesan las casas de estudio. “Estamos como podemos. A veces lo que necesitamos es que alguien nos atienda el teléfono del otro lado”, graficó, al tiempo que planteó la necesidad de una convocatoria formal por parte del Gobierno para acordar un esquema de implementación. “Nadie piensa que los salarios puedan aumentar un 50% de un mes a otro, pero sí que esto hay que cumplirlo”, aclaró.

Respecto al funcionamiento del sistema universitario, explicó que más del 90% del presupuesto se destina a salarios, mientras que el resto cubre gastos operativos. En ese marco, indicó que si bien las partidas de funcionamiento se ejecutan según el presupuesto vigente, no ocurre lo mismo con los fondos contemplados en la ley específica de financiamiento universitario.

Por último, Biasone advirtió sobre la delicada situación salarial del sector y la posibilidad de medidas gremiales. “El 60% de nuestros docentes cobra menos de 300 mil pesos, con ingresos muy magros. Los gremios tienen derecho a tomar medidas, aunque nosotros como rectores tenemos la obligación de sostener la universidad abierta, con los estudiantes adentro”, concluyó.

Cabe recordar que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar puntos centrales de la ley 27.795, al considerar que no logró refutar los argumentos que ya habían sido avalados en primera instancia. La decisión suma presión sobre el Gobierno en un conflicto que sigue escalando.