La concejal radical cuestionó la falta de respuestas del gobierno bonaerense ante las demoras en autorizaciones y pagos, y alertó que la situación pone en riesgo el acceso a tratamientos y servicios esenciales.
La concejal de la UCR, Vilma Baragiola, elevó un proyecto al Concejo Deliberante en el que manifestó su preocupación por la compleja situación que atraviesa el sistema de transporte destinado a personas con discapacidad en el ámbito del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
La iniciativa surgió a partir de un planteo realizado por transportistas de la cuidad, quienes advirtieron sobre un deterioro sostenido en el esquema de prestaciones vinculadas al traslado de pacientes. Entre los principales inconvenientes mencionaron la falta de autorizaciones para lo que va de 2026, retrasos en los pagos por servicios ya realizados y deudas que se arrastran desde el año pasado.
Según expuso la edil, este escenario compromete seriamente la continuidad del servicio y coloca a los prestadores en una situación límite, con dificultades para sostener la actividad. A su vez, el impacto recae directamente sobre las personas con discapacidad, quienes ven restringido su acceso a tratamientos médicos, terapias, instituciones educativas y centros de día.
“Estamos frente a una situación muy delicada. No es solo una cuestión administrativa, hay personas que no pueden llegar a sus tratamientos o a la escuela. El Estado no puede desentenderse cuando se afectan derechos tan básicos”, sostuvo Baragiola.
En esa línea, remarcó la necesidad de una respuesta inmediata por parte del gobierno bonaerense: “Es imprescindible que la Provincia y IOMA regularicen los pagos y garanticen la continuidad del servicio. No se puede dejar a quienes más lo necesitan sin una solución”.
El proyecto presentado solicita informes urgentes a la Provincia sobre el estado de las autorizaciones, el detalle de la deuda acumulada y los plazos previstos para normalizar la situación. Además, insta a que se adopten medidas concretas que aseguren la prestación sin interrupciones, con el objetivo de evitar que se vulneren derechos esenciales vinculados a la salud, la inclusión y la calidad de vida.