“Sin eliminar las retenciones, la actividad corre riesgo de frenarse”, advierte el sector pesquero

Referentes de la industria pesquera argentina llevaron al Gobierno nacional un mensaje directo: la estructura actual de costos e impuestos vuelve inviable la operatoria del sector y amenaza con un nuevo parate que impactaría de lleno en el empleo y en las economías del litoral marítimo.

El planteo fue expuesto en una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Del encuentro participaron, entre otras entidades, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), que coincidieron en definir el momento como “extremadamente delicado”.
Si bien el sector cerró 2025 con ingresos por exportaciones que rondaron los 2.010 millones de dólares —uno de los registros más altos de su historia— los empresarios advirtieron que ese dato no refleja la realidad actual. Argumentan que la combinación de insumos y servicios valuados en moneda estadounidense, la baja de las cotizaciones en los mercados externos y la carga impositiva generan un escenario que describen como insostenible.

En ese marco, el presidente de CAPECA, Eduardo Boiero, sostuvo que, aunque el sector acompañó el ordenamiento macroeconómico impulsado por el Gobierno y realizó ajustes puertas adentro, existen límites. “Competimos con países que no gravan sus exportaciones. Con retenciones que van del 5 al 9 por ciento según el producto, quedamos en clara desventaja”, planteó.

Boiero remarcó además la dimensión social de la actividad, que genera alrededor de 46 mil puestos de trabajo en distintas ciudades costeras. En ese sentido, recordó el freno que sufrió la actividad langostinera en 2025, cuando la paralización parcial provocó pérdidas superiores a los 200 millones de dólares en ventas externas. “Un nuevo escenario de inactividad no solo impacta en los balances de las empresas; golpea directamente a miles de familias”, alertó.

Por su parte, el vicepresidente de CAPIP, Facundo Godoy, puso el foco en lo ocurrido con la flota tangonera el año pasado. Según detalló, la interrupción de aproximadamente la mitad de la temporada derivó en una merma cercana al 50% en capturas y exportaciones de langostino. “Fue un costo que no se puede recuperar. La eliminación de retenciones hubiera amortiguado parte de esa pérdida”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de medidas que compensen el esfuerzo empresario.

Además de los Derechos de Exportación, las cámaras enumeraron otros factores que afectan la rentabilidad: demoras en la devolución del IVA que tensionan la liquidez, altos costos de mantenimiento con insumos dolarizados y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE). “Cada variable por separado ya es compleja; juntas configuran un cuadro crítico”, coincidieron.

Si bien valoraron la receptividad de los funcionarios nacionales y el conocimiento que demostraron sobre la problemática, las entidades dejaron en claro que el reclamo es urgente. “No pedimos privilegios, sino reglas similares a las de nuestros competidores. Sin la quita de retenciones, los números no cierran y el riesgo de una nueva paralización es concreto”, concluyeron desde el sector.