Castello logró que la Justicia eleve a la Corte el debate por la Tasa Vial municipal

El exlegislador bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, dio un nuevo paso en su ofensiva judicial contra la Tasa Vial que cobra el Municipio de General Pueyrredon sobre los combustibles. En las últimas horas, consiguió que se habilite un recurso extraordinario para que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires defina si el tributo impulsado por la gestión del intendente Guillermo Montenegro es válido o no desde el punto de vista constitucional.

La discusión judicial se reactivó luego de que, a comienzos de 2025, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocara el fallo de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la tasa. Aquella resolución inicial, si bien tenía efectos limitados al demandante, había sido considerada un antecedente de peso contra el gravamen.

Actualmente, el Municipio aplica un recargo del 3% bajo el concepto de “Tasa para el Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”, un porcentaje que ubica a Mar del Plata entre las comunas con mayor carga de este tipo en la provincia de Buenos Aires, situación que incluso fue cuestionada por el gobierno nacional.

En su presentación, Castello sostuvo que la Cámara de Apelaciones interpretó de manera errónea el derecho vigente al convalidar una tasa que, según su planteo original, no cumple con los requisitos que exige la Constitución. En ese sentido, remarcó que el gravamen no remunera un servicio específico y divisible, sino que se destina a financiar tareas generales como el mantenimiento de calles, lo que lo asemeja más a un impuesto que a una tasa.

Además, el exdiputado advirtió que el propio fallo reconoce que los beneficios del servicio alcanzan a un conjunto amplio de la población, incluidos quienes no abonan el recargo, lo que —a su entender— contradice la doctrina judicial consolidada sobre la naturaleza de las tasas municipales.

Otro de los ejes del cuestionamiento apunta a una supuesta incompatibilidad con el régimen de coparticipación federal. Castello argumentó que la Tasa Vial colisiona con el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos previsto en la ley nacional 23.966, al que la provincia adhirió, y que al ser coparticipable impediría la creación de tributos locales análogos. Ahora, será la Suprema Corte bonaerense la que tenga la última palabra.