Sívori advirtió por la falta de planificación urbana y cuestionó el uso de excepciones en la gestión Montenegro

La concejal de Unión por la Patria, Virginia Sívori, volvió a poner bajo la lupa las políticas urbanísticas del gobierno de Guillermo Montenegro, particularmente el uso de excepciones y regímenes especiales que permiten construir por encima de los parámetros tradicionales del Código de Ordenamiento Territorial (COT). Sus críticas llegan luego de que el Concejo Deliberante aprobara —con el respaldo del oficialismo y el acompañamiento de La Libertad Avanza— la prórroga por dos años del Régimen Promocional de Incentivos a la Construcción.

Sívori reconoció que dinamizar la actividad privada “es positivo” y que la construcción “genera empleo y movimiento económico”, pero remarcó que los beneficios otorgados deben ser cuidadosos y equilibrados. “Estamos de acuerdo en que existan herramientas que estimulen diversas actividades, y la construcción es una de ellas. Pero también hay zonas de la ciudad que requieren protección. Hay que ser responsables con lo que se autoriza, con la altura que se permite y con la superficie que se habilita”, advirtió.

En ese sentido, señaló que la sucesión de excepciones y flexibilizaciones avanzó sin un marco estratégico que ordene el crecimiento de la ciudad. “En Mar del Plata no hay una planificación urbana que resguarde determinados sectores, y eso ya está generando problemas. Afecta tanto a quienes viven en esos barrios como a quienes buscan invertir con reglas claras”, sostuvo la edil.

Sívori también planteó que la política urbanística del Ejecutivo carece de horizonte: “No está claro cuál es el plan para la ciudad ni hacia dónde pretende orientarse este tipo de desarrollo. Las decisiones se toman caso por caso, sin una visión integral”.

El régimen de incentivos que volvió a aprobarse nació en 2021, en plena salida de la pandemia, como un mecanismo para reactivar la construcción mediante la flexibilización de normas urbanísticas. Tras el vencimiento de la ordenanza matriz en junio de 2024, su vigencia había sido extendida de manera parcial hasta septiembre de 2025. Ahora, con la nueva aprobación, el esquema seguirá operativo durante dos años más.

Para Sívori, la falta de un modelo urbano consolidado convierte esa herramienta en un riesgo: “Promover inversiones no puede significar regalar la ciudad. El crecimiento debe ser sostenible, equilibrado y pensado a largo plazo”.