Regularización de construcciones: los escribanos respaldan el nuevo régimen aprobado en el Concejo
Regularización de construcciones: los escribanos respaldan el nuevo régimen aprobado en el Concejo
El Colegio de Escribanos celebró la creación del sistema simplificado para declarar ampliaciones no registradas. Destacó que la medida aporta claridad jurídica, acelera las operaciones y reduce trabas que suelen frustrar compraventas. El Colegio de Arquitectos había manifestado su rechazo.
El Colegio de Escribanos expresó su apoyo al régimen de regularización de construcciones que obtuvo luz verde en el Concejo Deliberante. La iniciativa —impulsada por la Coalición Cívica— habilita la declaración de ampliaciones sin sanciones económicas, incorpora incentivos fiscales y propone un trámite más ágil para sumar metros no declarados a la documentación oficial de cada inmueble.
En un pronunciamiento firmado por su presidente, Carlos Pagni, los escribanos consideraron que el esquema aprobado constituye “una herramienta útil y necesaria” para ordenar un universo significativo de obras informales. Según plantearon, el nuevo procedimiento mejora la transparencia en el mercado inmobiliario, acelera las operaciones y contribuye a reforzar la seguridad jurídica en cada escritura.
El documento destaca especialmente la incorporación de un “certificado municipal” que debería emitirse en plazos breves y que permitiría avanzar con una compraventa aun cuando la regularización completa del plano siga en trámite. Para el Colegio, esta instancia evita retenciones económicas imprecisas y reduce el riesgo de que una operación se trabe o directamente se caiga por demoras administrativas.
La entidad también valoró que el régimen establezca un año para concluir la adecuación final del plano, sin impedir durante ese período la transferencia del inmueble. Este punto —subrayaron— es clave no solo para transacciones entre particulares, sino también para operaciones que dependen de créditos hipotecarios, donde los tiempos bancarios son más estrictos.
En su balance, los escribanos remarcaron que el nuevo mecanismo equilibra tres necesidades: actualizar la información catastral municipal, garantizar un mercado inmobiliario dinámico y brindar mayor certeza legal a quienes intervienen en una compraventa.