La Comisión Provincial de la Memoria respondió a Castello: “Su pedido de erradicar la CPM es parte de la política de Milei de cerrar los organismos de derechos humanos”

El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, respondió al proyecto presentado por el diputado marplatense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, quien pidió suprimir el organismo al denunciar una supuesta “utilización política” por parte de “militantes zurdos y kirchneristas”.

“No es nuevo el pedido de Castello, lo había hecho ya antes. No es una novedad que esté planteando una erradicación o disolución de la Comisión por la Memoria. Así que obviamente no nos sorprendió. Y no entendemos bien el por qué lo hizo. Supongo que es una cuestión más de tinte político ideológico, de no estar de acuerdo con que haya organismos que implementen políticas públicas de memoria y derechos humanos”, expresó Cipriano García.

El funcionario vinculó la iniciativa de Castello con la política nacional del gobierno de Javier Milei. “Tiene que ver un poco con la política de Milei de dar de baja y cerrar todos los programas que trabajan sobre derechos humanos o con perspectiva de derechos. Lo que venimos viendo a nivel nacional, creo que Castello es la expresión de eso en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En otro tramo, Cipriano García también se refirió a la situación en Mar del Plata y al accionar de la Patrulla Municipal, tras la decisión de la Justicia de ordenar el cese de los operativos violentos contra personas en situación de calle y cuidacoches.

“Lo que nos vienen manifestando organizaciones y personas de Mar del Plata es que hay una modificación que no se comunica públicamente. Nosotros no estamos en desacuerdo con que las fuerzas de seguridad cumplan su función de prevención del delito. Lo que cuestionamos es que el Estado se extralimite en sus funciones y cometa delitos”, remarcó.

En ese sentido, fue categórico al advertir: “Es un delito golpear a una persona, es un delito hacer apología del delito. Lo que queremos es que la Patrulla Municipal se encuadre dentro de la ley. No tiene atribuciones legales para implementar políticas de seguridad, esas competencias las tiene la provincia de Buenos Aires o, en su defecto, las fuerzas federales nacionales. Eso lo dijo la Justicia”.