“La idea es que el Concejo tenga injerencia y acción, que reúna a todas las partes y podamos pensar un protocolo de trabajo”, señaló la concejal Marianela Romero al presentar la iniciativa que propone una jornada de trabajo sobre ocupaciones ilegales de inmuebles en la ciudad.
El Concejo Deliberante dio un paso clave para debatir uno de los temas más sensibles de Mar del Plata. Avanza en comisiones un proyecto de la bancada de la UCR que propone realizar una Jornada de Trabajo sobre usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles, con la intención de reunir a todos los actores involucrados para diseñar mecanismos de prevención y acción.
La autora de la iniciativa, la concejal Marianela Romero, explicó en diálogo con LoQuePasa.net que el objetivo es “usar el Concejo como caja de resonancia para unir a todas las partes y generar una forma clara de trabajo”. Y agregó: “Hicimos un pedido para la realización de una jornada de trabajo en el marco del Concejo Deliberante para tratar justamente la temática de usurpaciones u ocupaciones ilegales. Es un tema recurrente que nos trasladan fomentistas y vecinos de toda la ciudad”.
Romero destacó que, si bien “ni el cuerpo deliberativo ni el Ejecutivo pueden resolver en forma individual” estas situaciones, el Concejo sí puede convertirse en articulador: “Queremos reunir a todas las áreas, escuchar a los profesionales y generar un protocolo de acción o, al menos, comunicar claramente dónde denunciar cuando se configuran estos casos”.
La edil recordó que “la usurpación es un delito tipificado en el Código Penal” y que “debe intervenir la Policía y la Fiscalía Especializada en Usurpaciones”. En esa línea, pidió la participación de “la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social y los colegios profesionales —en especial escribanos— para aportar su visión”.
Además, subrayó que las escribanías “cada vez certifican menos firmas únicamente” porque “comienzan a observar el contenido de los documentos” para evitar irregularidades. También remarcó que se inició una comunicación con prestadoras de servicios para que “pongan el ojo cuando bajan un medidor o hacen una reconexión, ya que muchas veces se trata de títulos precarios o tenencias sin respaldo legal, y eso puede constituir un indicio de ocupación ilegal”.
“La idea es que el Concejo tenga injerencia y acción —enfatizó Romero—. Que a través de la escucha activa se pueda pensar un protocolo, articular con la Justicia, con colegios profesionales y con prestadoras de servicios, y así darle herramientas a la sociedad para actuar frente a este problema”.