La Justicia obliga al municipio a garantizar colectivos gratuitos en las elecciones del domingo
La Justicia obliga al municipio a garantizar colectivos gratuitos en las elecciones del domingo
Un fallo judicial ordena a la Municipalidad adisponer el transporte público sin costo durante la jornada electoral. La medida se tomó tras un amparo presentado por un vecino de Batán y contradice la postura del intendente Montenegro, que había rechazado adherir a la iniciativa provincial por su impacto económico.
La polémica por el transporte público gratuito durante las elecciones sumó este viernes un nuevo capítulo en Mar del Plata y Batán. La jueza Mariana Haydee Irianni, titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2, resolvió hacer lugar a un amparo presentado por un ciudadano de Batán y ordenó a la Municipalidad implementar un servicio básico y gratuito de colectivos este domingo 7 de septiembre, en el horario de votación.
La decisión judicial contradice la postura del intendente Guillermo Montenegro, quien días atrás había rechazado la adhesión a la medida impulsada por la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense había establecido la gratuidad del transporte en todo su territorio, pero dejó a criterio de cada municipio asumir los costos de la implementación.
Desde el Ejecutivo local, a través de un comunicado, se argumentó que la medida representaba “un gasto de alrededor de 300 millones de pesos” que recaería sobre el presupuesto municipal y, en consecuencia, sobre los contribuyentes.
El amparo que dio origen al fallo fue impulsado por un vecino batanense en defensa de los “intereses difusos de los electores que no cuentan con los medios materiales para costear los traslados y ejercer en igualdad de condiciones su derecho constitucional al voto”.
En su resolución, la magistrada dispuso que el municipio arbitre los mecanismos necesarios para garantizar el servicio gratuito de transporte durante la jornada electoral y advirtió que, en caso de incumplimiento, regirá lo establecido en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona a quienes desobedecen una orden judicial.