Emergencia en discapacidad: “Hay fondos pero están en manos de los poderosos y corruptos”

En medio de los reclamos por el estado de emergencia en el que se encuentran las prestaciones de discapacidad, el gobierno de Javier Milei quedó envuelto en un escándalo de corrupción por denuncias de coimas que surgieron de audios atribuidos al propio titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y por eso desde el colectivo de prestadores de Mar del Plata se expresaron al respecto, lamentaron que “la verdadera corrupción estaba dentro del propio Estado” y reclamaron “transparencia total en los procesos de compra de medicamentos y financiamiento de prestaciones”.

“En un contexto donde desde el Estado se repite constantemente que “no hay fondos” para cubrir prestaciones esenciales, pagar en tiempo y forma a prestadores o garantizar tratamientos, estos audios revelan lo contrario: el dinero existía, pero estaba en manos de los poderosos, alimentando redes de corrupción, en lugar de llegar a quienes más lo necesitan: las personas con discapacidad y quienes sostenemos sus tratamientos”, comentaron en un comunicado.

Las sumas mencionadas son alarmantes: entre USD 500.000 y USD 800.000 mensuales en coimas, según lo expuesto por Spagnuolo. Esto representa los mismos recursos que faltan hoy para terapias, apoyos, medicamentos y desplazamientos fundamentales “La corrupción no es un problema abstracto; tiene consecuencias reales: llevan a tratamientos interrumpidos, familias angustiadas y prestadores precarizados. Y sobre todo dejan al descubierto algo mucho más grave: cuando el Estado no garantiza derechos, lo que se vulnera no es solo la salud, sino la esencia misma de la ciudadanía. Porque los derechos no son favores ni privilegios: son obligaciones que el Estado debe cumplir”, agregaron.

“La corrupción no es un problema abstracto, tiene consecuencias reales”, enfatizaron en el comunicado y repararon en dichos del vocero presidencial Manuel Adorni previo al tratamiento de la ley de emergencia en los que afirmó que el dinero proveniente de las pensiones suspendidas sería derivado a los prestadores con lo que intentó “instalar la idea de que allí radica el foco de la corrupción”.

Así reclamaron “transparencia total en los procesos de compra de medicamentos y financiamiento de prestaciones”, una “auditoría externa, independiente y urgente sobre el destino de los fondos” y la “garantía de continuidad de tratamientos y pago digno y puntual a los prestadores” además de que “se restituyan al colectivo de la discapacidad los recursos que le corresponden por derecho”.