La provincia vuelve a la Corte Suprema para exigir los fondos que Nación le retiene

El gobierno bonaerense decidió retomar la vía judicial y presentarse nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir una respuesta concreta frente a los reclamos por la deuda que mantiene la administración de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires. Según el último relevamiento oficial, la deuda ya supera los 12,1 billones de pesos.

La decisión fue anunciada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien cuestionó con dureza la falta de avance en la causa: “La Fiscalía de Estado de la Provincia va a presentar un nuevo pedido para que la Corte defina si tiene competencia y convoque a una audiencia entre las partes, como hizo con otros distritos”.

Bianco hizo hincapié en el contraste con otras provincias como Córdoba y Santa Fe, cuyas demandas por fondos coparticipables o previsionales sí han sido atendidas por el máximo tribunal. “La demanda de Buenos Aires fue presentada en abril de este año y no se registró ningún tipo de movimiento desde entonces”, denunció el funcionario.

El reclamo más urgente refiere a una deuda de 1,6 billones de pesos que la ANSES mantiene con la caja previsional bonaerense. Pero ese monto forma parte de un paquete mucho más amplio que, según detalla un reciente informe elaborado por el Ejecutivo provincial, se compone también de obras públicas comprometidas y no ejecutadas (por $6,9 billones) y de la paralización de programas nacionales en áreas como salud, educación y seguridad ($2,2 billones).

“El gobierno nacional incumple sus obligaciones con la provincia más grande del país, afectando directamente a millones de bonaerenses”, advirtió Bianco.

Con la nueva presentación ante la Corte Suprema, la gestión de Axel Kicillof busca reactivar un expediente que considera clave para sostener las finanzas provinciales en un contexto económico crítico. Desde La Plata esperan que el tribunal fije una audiencia para poner el tema en agenda y forzar una resolución frente a la parálisis judicial que, denuncian, ya lleva más de un año.