Con el plazo a punto de vencer, el bloque oficialista en el Concejo Deliberante impulsó sobre tablas una nueva prórroga de seis meses para elaborar la normativa que debe establecer qué aportes deben hacer los privados cuando obtienen excepciones en desarrollos inmobiliarios.
A tan solo tres días del vencimiento del plazo vigente, el oficialismo en el Concejo Deliberante decidió presentar sobre tablas un nuevo expediente para extender, por 180 días más, el tiempo destinado a la redacción de una ordenanza que regule el régimen de contraprestaciones urbanísticas.
El pedido fue encabezado por la concejal Angélica González, presidenta de la Comisión de Obras y también de la mesa encargada de tratar las compensaciones que deben realizar los desarrolladores inmobiliarios cuando reciben excepciones o beneficios que incrementan la rentabilidad de sus proyectos. Según explicó la edil, el nuevo límite para presentar un anteproyecto sería el 10 de febrero de 2026.

Durante la votación, el bloque oficialista –integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica– logró el respaldo de los concejales de La Libertad Avanza para aprobar la iniciativa. En tanto, el Frente Renovador se opuso, mientras que los ediles de Unión por la Patria optaron por abstenerse.
El régimen de compensaciones urbanísticas fue establecido por ordenanza en 2021 con el objetivo que los privados devuelvan parte del valor generado por excepciones en sus obras en forma de aportes para el desarrollo urbano. Sin embargo, la normativa definitiva para reglamentarlo aún no fue presentada y acumula una serie de postergaciones: prórrogas de 60 y 180 días durante 2023, una más en agosto de ese año y otra en febrero de 2024.
Con esta nueva extensión, los plazos se estiran hasta 2026 y la ciudad sigue sin un marco claro para garantizar que los beneficios privados en materia inmobiliaria se traduzcan en mejoras concretas para el conjunto de los marplatenses. Desde la oposición cuestionaron la falta de avances concretos pese al tiempo transcurrido y advirtieron sobre la discrecionalidad que sigue imperando en el otorgamiento de excepciones.