El diputado radical Diego Garciarena criticó con dureza la extensión de plazos otorgada a Fuerza Patria para presentar candidaturas. “Las leyes no son una sugerencia”, advirtió.
Tras la polémica generada por la prórroga solicitada por Fuerza Patria —espacio que agrupa al kirchnerismo, sectores del massismo y el peronismo alineado con Axel Kicillof— para terminar de definir sus listas de candidatos, el diputado provincial de la UCR, Diego Garciarena, expresó su preocupación por lo que consideró “una grave alteración del cronograma electoral” en la provincia de Buenos Aires.
“El cronograma ha sido alevosamente vulnerado y ello no brinda garantías respecto de la totalidad del proceso”, sostuvo el legislador marplatense, al cuestionar la decisión de permitir que uno de los principales frentes políticos postergue la oficialización de su nómina más allá del plazo originalmente establecido.
En ese sentido, Garciarena recordó que la propia Junta Electoral había solicitado con antelación una modificación formal del calendario, la cual fue aprobada por la Legislatura. “Sin embargo, ahora se ha vuelto a modificar el cronograma de hecho, prorrogando plazos que eran perentorios e improrrogables”, alertó.
El diputado radical señaló que esta decisión “sienta un mal precedente” y debilita la seguridad jurídica del proceso electoral: “Cambiar las reglas del juego sobre la marcha nunca es una buena señal. Las leyes no son una sugerencia. Deben cumplirse, más aún en un proceso tan sensible como una elección”.
La crítica del legislador radical se suma al malestar que generó en varios espacios la falta de definiciones de Fuerza Patria, que aún no presentó la totalidad de sus candidatos pese a que el cierre formal vencía este fin de semana. El frente oficialista obtuvo una prórroga hasta este lunes para completar el trámite, en medio de intensas negociaciones internas.
Con vistas a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, Garciarena llamó a “defender la institucionalidad y la transparencia del proceso democrático” y reiteró la preocupación de su espacio por lo que considera “una discrecionalidad inadmisible” en el tratamiento de las reglas electorales.