La Universidad Nacional repudió la estigmatización de personas en situación de calle y exigió políticas inclusivas

En su última sesión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) manifestó un firme rechazo a las declaraciones recientes de algunos funcionarios públicos que, según afirmaron, refuerzan estereotipos y criminalizan la pobreza. La máxima autoridad de la casa de altos estudios consideró inadmisible cualquier tipo de expresión que simplifique o niegue la complejidad de las realidades que atraviesan las personas en situación de calle.

Desde el Consejo advirtieron que este tipo de discursos no solo perpetúan prejuicios sociales”, sino que también “abren paso a conductas discriminatorias y prácticas institucionales violentas”. Subrayaron que este tipo de estigmatización tiene consecuencias concretas sobre la vida de quienes ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, afectando su salud mental, su dignidad y su acceso a derechos básicos como la atención sanitaria.

Ante este escenario, la Universidad hizo hincapié en “la necesidad de adoptar políticas públicas que aborden la problemática de manera integral, con perspectiva de derechos humanos, inclusión social y acompañamiento efectivo”. Según expresaron, la situación requiere un enfoque empático y comprometido, que supere la lógica punitiva y promueva soluciones reales.

En ese contexto, el Consejo celebró el reciente fallo del Juzgado de Garantías N° 4, que resolvió a favor de una acción de hábeas corpus colectivo presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en representación de personas en situación de calle. La resolución judicial ordena al Municipio cesar todo tipo de operativo municipal que implique violencia física, hostigamiento verbal o retiro de pertenencias personales a personas sin techo. Para la Universidad, este dictamen “representa un avance significativo en la protección de los derechos de un colectivo históricamente vulnerado”.

Finalmente, el Consejo reafirmó su compromiso con los valores democráticos y con la promoción de una sociedad basada en la equidad, la solidaridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. “No se trata de privilegios, sino de garantías que corresponden a todas las personas, sin excepción”, remarcaron.