“La Justicia le puso un límite a la violencia institucional de Montenegro”

El concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, se refirió con dureza a la resolución judicial que le impone límites al accionar de la Patrulla Municipal en Mar del Plata, y responsabilizó directamente al intendente Guillermo Montenegro por el “caos” que se vive en las calles. “La Justicia tuvo que ponerle un freno a Montenegro. Mientras seguía con su circo mediático, que fue un fracaso rotundo, una persona murió de frío en la vía pública”, expresó.

Las declaraciones del edil massista llegaron luego de que el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Juan Tapia, hiciera lugar parcialmente a una acción de hábeas corpus colectivo presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en defensa de personas en situación de calle. En su fallo, el magistrado prohibió expresamente al municipio llevar adelante operativos que impliquen violencia física, verbal o la sustracción de pertenencias.

Para Cheppi, el fallo expone las falencias estructurales de la gestión local: “Montenegro tiene la estructura, el presupuesto y la obligación moral de dar una respuesta diferente al descontrol que se vive en las calles de Mar del Plata. Sin violencia ni patoterismo”.

Además, acusó al jefe comunal de carecer de compromiso real con la ciudad. “Lo que no tiene es sensibilidad, interés ni vocación de servicio. Su gestión no le encuentra la vuelta porque el único objetivo del Intendente es una candidatura o cargo en el Gobierno Nacional”, aseguró.

Cheppi consideró que la política del miedo y la represión no puede ser la herramienta para abordar situaciones de extrema vulnerabilidad. “Usar la violencia contra los más débiles no trae orden, genera más caos”, sintetizó.

El fallo judicial pone el foco en el accionar de la Patrulla Municipal, luego de una serie de denuncias por presuntas golpizas, amenazas y sustracción de objetos personales a personas en situación de calle, muchas de ellas documentadas por organismos de derechos humanos. El juez Tapia advirtió que el municipio no tiene facultades para ejercer funciones policiales y que ese accionar vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales.