“No se puede litigar en un mundo digital con lógica del siglo XIX”

El avance de la tecnología digital trajo consigo nuevas formas de criminalidad que desbordan las categorías tradicionales del derecho penal. Hackeos, estafas virtuales, chantajes sexuales, discursos de odio, suplantación de identidad y captación de menores por internet son solo algunos de los delitos que ponen a prueba a los sistemas judiciales y exigen respuestas urgentes.

Marcelo Riquert, docente de Derecho Penal y autor del libro Delincuencia informática y tecnología digital, explicó que “la criminalidad informática pone en crisis las categorías tradicionales del derecho penal. Los delitos ya no se limitan a un espacio físico, los autores pueden operar desde cualquier parte del mundo y las víctimas muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que lo son hasta mucho tiempo después. Estamos ante un cambio estructural que no puede abordarse con herramientas pensadas para un mundo analógico”, explicó en diálogo con el Portal de la Universidad.

Riquert alertó además sobre la falta de proporcionalidad en algunas normas penales que abordan delitos informáticos. “El derecho penal argentino tiende a tratar con la misma severidad conductas que en realidad no tienen el mismo grado de lesividad. No es lo mismo un hackeo ético que un ciberataque con fines económicos o sexuales”, sostuvo.

Aunque la Ley 26.388 introdujo en 2008 algunos delitos informáticos en el Código Penal, el crecimiento tecnológico dejó obsoletos muchos de sus conceptos. “Se requiere una revisión actualizada y más precisa”, apuntó el docente.

Entre los delitos más sensibles, destacó el grooming, que consiste en el engaño de menores con fines de abuso sexual mediante internet. “Es un fenómeno de altísima lesividad. A veces ni siquiera se llega al contacto físico: el daño ya está hecho en la fase virtual”, afirmó. También señaló el crecimiento de la sextorsión, una forma de chantaje digital que puede tener consecuencias psicológicas graves, especialmente en adolescentes.

Otro frente complejo lo plantea el uso de inteligencia artificial. Riquert advirtió sobre el impacto de los deepfakes —videos falsos hiperrealistas— en delitos como la difamación, la extorsión o la manipulación política. Asimismo, mencionó los debates jurídicos emergentes sobre la generación automática de pornografía infantil sin víctimas reales: “La lesividad es simbólica pero real: se banaliza la violencia sexual y se refuerzan fantasías pedófilas”.

Ante este escenario, Riquert llamó a repensar el derecho penal desde una perspectiva interdisciplinaria y preventiva. “No alcanza con castigar a posteriori. Necesitamos herramientas de prevención, alfabetización digital y análisis técnico actualizado”, dijo.

En esa línea, destacó la labor de la Facultad de Derecho de la UNMDP, pionera en dictar la cátedra “Inteligencia Artificial y Derecho”. Para Riquert, la formación jurídica debe adaptarse al nuevo contexto: “No se puede litigar ni legislar en un mundo digital con lógica del siglo XIX”.

“La universidad tiene que ser un laboratorio de ideas y de herramientas. No basta con saber qué dice el Código Penal: hay que entender cómo se produce y conserva una prueba digital, cómo evitar la revictimización, y sobre todo, cómo prevenir”, concluyó. Y dejó una advertencia clave: “El derecho penal es una herramienta, pero no la única. Si queremos una sociedad más justa, tenemos que pensar la justicia también en clave digital”.