Alerta en el sector pesquero marplatense: el Gobierno avanza en la desregulación del transporte marítimo y habilita buques extranjeros

El Gobierno nacional avanza con una desregulación del transporte marítimo que genera preocupación en Mar del Plata, donde la pesca y la industria naval representan una de las principales fuentes de empleo. A través de un decreto que se firmará en los próximos días, se permitirá que embarcaciones extranjeras operen en aguas argentinas sin la obligación de contratar personal local, lo que podría afectar la estabilidad laboral y la competitividad del sector.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, establece que el tránsito, la comunicación y el comercio marítimo podrán ser realizados tanto por barcos con bandera argentina como por aquellos registrados en otros países. Esta medida, según sostienen en el Gobierno, busca reducir trabas burocráticas y fomentar la actividad económica.

Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la eliminación de la obligatoriedad de contratación de tripulantes argentinos. Las empresas podrán emplear marinos de cualquier nacionalidad, con la única condición de que estén habilitados como personal marítimo o fluvial. Esta flexibilización, que según el Ejecutivo tiene como objetivo agilizar el mercado laboral, genera rechazo en los sindicatos del sector, que advierten sobre el riesgo de pérdida de puestos de trabajo para los trabajadores argentinos.

El nuevo marco normativo también habilita a los armadores nacionales a solicitar el cese provisorio de la bandera argentina para registrar sus embarcaciones en otros países sin que esto sea considerado una exportación. Si bien la medida excluye expresamente a los buques dedicados a la pesca, en el sector marplatense temen que esto sea solo el primer paso hacia una mayor apertura a embarcaciones extranjeras en la industria pesquera.

El decreto, que tendrá una vigencia de hasta diez años y contempla la posibilidad de renovación automática, también declara a la navegación comercial como un servicio esencial. En consecuencia, ante eventuales conflictos laborales, se deberá garantizar un mínimo de operatividad, limitando así la capacidad de los gremios para llevar adelante medidas de fuerza. Además, se establece que los sindicatos podrán sugerir personal disponible, pero los empleadores tendrán plena libertad para decidir a quién contratar.

Desde el sector pesquero marplatense observan con preocupación la iniciativa. Si bien el decreto no afecta directamente a la pesca, su implementación podría modificar las condiciones del mercado y generar presiones para una mayor desregulación en la actividad. Tanto empresarios como trabajadores advierten que la pérdida de protección laboral y la habilitación de banderas extranjeras en aguas argentinas podrían poner en riesgo la sustentabilidad de la industria nacional.