El concejal de Unión por la Patria, Diego García, cuestionó al Ejecutivo por la falta de gestión en la limpieza de la ciudad. "En el último presupuesto el Emsur envió un cálculo donde dice que va a haber 4.000 calles menos para limpiar y no sabemos porque", sostuvo.
La higiene urbana en Mar del Plata sigue recibiendo cuestionamientos. Tanto vecinos como bloques de la oposición le solicitan al Ejecutivo mayor gestión en la limpieza de la ciudad la cual ven “sucia” no solo en el centro sino en los barrios, en donde aseguran que hay montañas de basura acumulada.
Al respecto, el concejal de Unión por la Patria, Diego García, criticó la política ambiental del Municipio y consideró fundamental mejorar el funcionamiento de la empresa que concesiona la recolección de residuos y el barrido de calles. “En el presupuesto 2025, el Emsur envió un cálculo donde dice que va a haber 4.000 calles menos para limpiar y no sabemos porque y donde va a ser eso. Lo Que vemos es que convivimos con una ciudad sucia y el intendente solo pretende prorrogar el contrato de la empresa 9 de Julio”.
García indicó que a todos los marplatenses el servicio les cuesta 147 millones de pesos por día. “La empresa tiene que trabajar en toda la ciudad. La gente abre las puertas de sus casas, en los alrededores de escuelas y centros de salud y se encuentra con montañas de basura”.
Cabe destacar que en las últimas semanas del año, y pese a que la firma se produjo en enero, el gobierno de Guillermo Montenegro mandó al Concejo Deliberante para que sea convalidado el decreto que prorrogó por dos años el millonario contrato de la recolección de basura con la empresa 9 de Julio.
La contratación se inició en 2016 con un canon mensual de $49.202.869 y a partir de diciembre de 2023, mediante sucesivas redeterminaciones de precios teniendo en cuanto una fórmula prevista en el pliego, alcanzó la cifra de $1.550.919.551.
De ese monto con el que se inició la prórroga en enero, el valor siguió escalando y a partir de octubre llegó a $4.092.817.686,21, de acuerdo a la última redeterminación aprobada por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.