El debate sobre la concesión del mobiliario urbano evidenció las crecientes diferencias entre el PRO y la UCR, generando fricciones internas en el interbloque y malestar en aliados como La Libertad Avanza, que decidió abstenerse en las comisiones.
El tratamiento del proyecto para concesionar la instalación, mantenimiento y explotación comercial del mobiliario urbano en Mar del Plata destapó las tensiones dentro del oficialismo. Las diferencias entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) frenaron el avance de un expediente que el Ejecutivo municipal esperaba aprobar rápidamente, generando además el malestar de La Libertad Avanza, un aliado clave en el Concejo Deliberante.
El conflicto se desató cuando la concejal radical Marianela Romero solicitó en la comisión de Obras un informe detallado a la Secretaría de Legal y Técnica sobre los términos de la licitación, la duración de la concesión y los requisitos de obra para el reacondicionamiento de los refugios de transporte público. Esto sorprendió al PRO, que ya había consensuado un cronograma con la UCR y la Coalición Cívica para aprobar el pliego sin contratiempos.
La solicitud radical no solo generó fricciones internas, sino que llevó al presidente del interbloque, Agustín Neme (PRO), a apartarse del manejo del expediente en medio de su descontento y la llamativa posición del Ejecutivo de no cambiar esa determinación.
Esta decisión profundizó el malestar en La Libertad Avanza, que había mantenido diálogo directo con Neme para acompañar el proyecto. Desde el bloque libertario dejaron en claro que no respaldarán la iniciativa si el oficialismo no retoma la coordinación interna. “El diálogo y el trabajo nuestro fue con el concejal Neme y eso lo respetamos”, indicó una fuente libertaria a LoQuePasa.net.
La intención del Ejecutivo de contar con el respaldo de LLA para tener más consensos parece diluirse por cortocircuitos internos.
El pliego en cuestión propone la instalación y explotación publicitaria de 400 refugios existentes, 50 nuevos, 200 pantallas luminosas, 60 casillas de guardavidas, dos mil banderolas, 1.200 carapantallas, ocho tótems led y ocho pórticos publicitarios. El contrato, con un monto base de $6,6 millones anuales por 10 años prorrogables, ha sido criticado por sectores de la oposición que consideran insuficiente la recaudación proyectada.
El futuro del expediente depende ahora de la respuesta del Ejecutivo a los pedidos de la UCR y de la capacidad del oficialismo para recomponer su relación interna y recuperar apoyos. Mientras tanto, las diferencias entre los bloques y los reproches cruzados siguen postergando el avance de una iniciativa que para el Ejecutivo era un “trámite”.