Por mayoría, la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante dio luz verde al pedido del Ejecutivo para licitar la Unidad Turística de Playa Dorada. Avanzó con el voto positivo del interbloque Juntos por el Cambio y de Crear Más Libertad. Acción Marplatense se abstuvo y Unión por la Patria se pronunció en contra.
Por mayoría, la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante le dio despacho este miércoles al pedido de autorización del Ejecutivo Municipal para licitar el uso y explotación de la UTF (Unidad Turística Fiscal) Playa Dorada, ubicada en el sector sur de Mar del Plata.
El expediente pasó por el último filtro de las comisiones internas, por lo que está en condiciones de ser aprobado en la próxima sesión ordinaria. Avanzó con el voto positivo del interbloque Juntos por el Cambio y de Crear Más Libertad. Acción Marplatense se abstuvo y Unión por la Patria se pronunció en contra.
De acuerdo a lo informado por el Ente Municipal de Turismo y Cultural (Emturyc) en el expediente, pese a no determinar un “modelo de explotación” se prevén algunas “actividades compatibles con la oferta turística sobre las que los interesados podrán basar su plan de explotación” y entre ellas aparecen alojamiento (por ejemplo las “cabañas” que han proliferado por toda esa zona frente al mar), gastronomía, actividades culturales y de entretenimiento, estacionamiento, actividades deportivas y explotación publicitaria.
Al momento de describir el espacio en cuestión el informe del ente municipal señala que la UTF cuenta con una superficie aproximada de 130.000 metros cuadrados con una depresión central donde se ubican las estructuras edilicias existentes cubiertas y descubiertas, en tanto que el contacto con el mar se produce por un barranco de baja altura (no posee en la actualidad playa) y tiene dos accesos desde la ruta: uno en el extremo norte sobre el barranco natural y el otro en el sector sur coincidente con el área deprimida.
Entre otros aspecto a considerar, el ente municipal informó al Concejo que proyecta un período de concesión de 20 años, que se deberán contar con planes de sustentabilidad y accesibilidad y que el canon a pagar “será determinado por el Municipio en el acto administrativo que aprueba el llamado”.