Tensión en el oficialismo tras pedido de informes de la UCR sobre la explotación publicitaria del mobiliario urbano

La decisión de la Unión Cívica Radical (UCR) de solicitar al Ejecutivo municipal mayores precisiones sobre el expediente para la concesión del mobiliario urbano – que abarca la instalación, mantenimiento y explotación comercial de refugios de transporte público – ha desatado un inesperado conflicto en el oficialismo. El pedido, impulsado por la concejal radical Marianela Romero en la comisión de Obras del Concejo Deliberante, frenó el avance de un proyecto que el oficialismo tenía previsto aprobar sin demoras.

La medida sorprendió al bloque de Juntos, en especial al PRO, que ya había consensuado con la UCR y la Coalición Cívica un cronograma para tratar el expediente sin inconvenientes en el Concejo. La nueva postura del radicalismo detuvo ese plan, y generó fricciones dentro del interbloque oficialista. Fuentes cercanas al bloque confirmaron a LoQuePasa.net que el presidente del interbloque, Agustín Neme (PRO), manifestó su descontento por la situación e incluso habría comunicado su decisión de apartarse del manejo de este expediente.

La solicitud de informes está dirigida a la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, con la intención de clarificar el plazo de la licitación, la duración de la eventual prórroga y los detalles de las obras mínimas que deberá realizar la empresa adjudicataria. Se busca, además, especificar los requisitos de obra para que los refugios reacondicionados cumplan con estándares adecuados.

El proyecto en cuestión, que fue aprobado recientemente en la comisión de Movilidad Urbana gracias a la mayoría oficialista, contempla una concesión por diez años para la explotación de 400 refugios de transporte público, los cuales deberán ser reacondicionados por la empresa adjudicataria. Asimismo, la empresa estará encargada de la construcción de 50 nuevos refugios. No obstante, el expediente ha generado críticas en diversos sectores debido a la reducción de refugios en comparación con la cantidad inicial, que pasaría de 651 a 400, eliminando principalmente aquellos ubicados en zonas periféricas, consideradas de menor valor comercial.

Ahora, el avance del expediente depende de la celeridad del Ejecutivo para responder los informes solicitados por la UCR, en medio de una tensión creciente entre los sectores del oficialismo y la incógnita sobre el futuro de la iniciativa en el Concejo.