Valeria Crespo, concejal de Unión por la Patria, advirtió sobre el riesgo que la futura concesión de los estadios Minella y Polideportivo imponga una carga financiera sobre los marplatenses si no se aclaran los términos del contrato.
La propuesta de licitación para concesionar los estadios José María Minella y Polideportivo Islas Malvinas sigue generando debate en el Concejo Deliberante. La concejal de Unión por la Patria, Valeria Crespo, manifestó su preocupación por las posibles implicancias económicas para los ciudadanos al final de la concesión, específicamente si el concesionario queda habilitado a solicitar una compensación por las obras realizadas durante el período de explotación.
Según la propuesta del Ejecutivo, la concesión cubriría un plazo de 30 años, con una prórroga de 10 años adicionales. Crespo sostuvo que este tipo de acuerdos de largo plazo debe ser analizado “con mucha responsabilidad”, debido a que involucra espacios públicos emblemáticos de la ciudad y una significativa inversión privada. Su mayor inquietud radica en la posibilidad de que el concesionario establezca un “Derecho Real de Superficie” en las obras de infraestructura nuevas, lo que le otorgaría derecho a una indemnización al finalizar la concesión.
“El pliego establece que las obras nuevas quedarán para el municipio, pero también permite que el concesionario pueda constituir un Derecho Real de Superficie. Sin una aclaración expresa, al término de la concesión el concesionario podría exigir una indemnización, y eso es algo que los marplatenses no deberían estar obligados a pagar”, señaló Crespo.

El artículo 54 del pliego establece, en su primera parte, que todas las mejoras serán propiedad municipal sin derecho a compensación. Sin embargo, la segunda parte permite al concesionario constituir un derecho de superficie, lo que según el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 2126), implica que el superficiario (en este caso, el concesionario) tiene derecho a una indemnización salvo que se pacte lo contrario. Esto significa que si no se aclara expresamente en el pliego, los ciudadanos podrían terminar financiando las obras realizadas por el privado.
“La redacción actual deja una puerta abierta a un futuro reclamo económico por parte del concesionario, lo que podría generar una carga para la ciudad”, agregó Crespo. La concejal solicitó que se modifique el artículo 54 para especificar que el Derecho Real de Superficie, en caso de constituirse, no otorgará derecho a indemnización y que su vigencia no supere el tiempo de la concesión.
La postura de Crespo ha abierto el debate sobre las implicancias de los contratos de concesión de infraestructura pública, y sugiere que, de no establecerse claramente en el contrato, los contribuyentes marplatenses podrían asumir un costo adicional una vez concluida la concesión. “Nuestra responsabilidad es cuidar los recursos y el patrimonio público, sin dejar lugar a ambigüedades que puedan perjudicar a la ciudad a futuro”, concluyó.