El intendente cuestionó a los organismos de derechos humanos por su denuncia penal contra los concejales que votaron a favor del proyecto que autoriza un bar de gin en el Faro de la Memoria y afirmó que se está utilizando la causa para intereses partidarios.
El intendente Guillermo Montenegro respondió duramente a la denuncia penal presentada por organismos de derechos humanos contra él y 15 concejales que aprobaron la instalación de un bar de gin en el predio del Faro de la Memoria. La denuncia, que acusa a los ediles y al propio Montenegro de abuso de autoridad y corrupción, fue desestimada por el jefe comunal, quien calificó la situación como un “ataque del kirchnerismo” y un uso indebido de la causa de derechos humanos.
“Las organizaciones de derechos humanos denunciaron a los 15 concejales que votaron a favor de abrir la ciudad, de las inversiones privadas y en contra del estancamiento”, afirmó Montenegro, defendiendo el proyecto como una medida que fomenta el desarrollo económico de la ciudad.
El intendente se mostró crítico con la judicialización de la discusión política: “Desde cuándo el ámbito legislativo, representante de la población por elecciones democráticas, da una discusión y como no les gusta el resultado a unos pocos, eligen denunciar?”. Montenegro subrayó que la aprobación del proyecto se realizó de manera democrática en el Concejo Deliberante, y cuestionó lo que considera una manipulación de la causa de derechos humanos: “Basta de usar a los derechos humanos para sus propios intereses. El kirchnerismo perdió hace rato. ¡Acéptenlo!”, sentenció.
Acusaciones y fundamentos de la denuncia
La denuncia penal presentada por los organismos de derechos humanos incluye, además de los concejales y al intendente, a la Sociedad de Fomento Faro Norte y a los propietarios de La Restinga, la empresa encargada de la construcción de la microdestilería de gin. La acusación central es el presunto incumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, que según el abogado César Sivo, quien lidera la querella, establece obligaciones que no fueron respetadas.
“Proponemos la denuncia penal porque se han tomado decisiones que violan disposiciones legales. La Ley Orgánica de Municipalidades establece obligaciones que no se cumplieron, y esto apunta a un patrón de corrupción”, señaló Sivo, quien además denunció la falta de dictámenes legales y técnicos, así como estudios de impacto ambiental. “La urgencia inusitada, la irregularidad del trámite y la ausencia de firmas necesarias coinciden con una matriz de corrupción”, afirmó el abogado.