El freno a las tasas en boletas de servicios públicos podría ser un duro golpe a la recaudación municipal

La reciente medida del gobierno nacional que impide a los municipios cobrar tasas y recargos en las boletas de servicios públicos amenaza con generar un fuerte impacto en las finanzas de las administraciones locales, especialmente en ciudades como Mar del Plata, donde la tasa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) se cobra a través de la factura de Obras Sanitarias (OSSE).

Creada en 2013 durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti, la GIRSU tenía como objetivo financiar el funcionamiento de la planta de separación final de residuos, promover la educación ambiental y garantizar la sustentabilidad del entorno urbano. Esta tasa, gestionada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), fue incorporada a las boletas de OSSE debido a la alta tasa de cobrabilidad de la empresa de agua y saneamiento, que supera ampliamente la de las Tasas Municipales.

Sin embargo, la reciente prohibición anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que las boletas de servicios esenciales como agua, electricidad y gas no podrán incluir ningún tipo de recargo ajeno a los servicios que ofrecen. La medida, que busca “proteger al consumidor” de sobrecargos innecesarios, tiene un fuerte impacto colateral sobre la recaudación de los municipios, que utilizaban estas facturas como un medio eficaz para cobrar tributos.

En Mar del Plata, la GIRSU representa una fuente de ingresos clave para el EMSUR. Con la crisis económica actual y la consecuente caída en la cobrabilidad de las Tasas Municipales, la recaudación a través de OSSE se había vuelto un salvavidas para el municipio. Ahora, con esta medida, el futuro de esa recaudación puede estar en jaque.

Desde la administración local, aún no se han hecho declaraciones oficiales, pero el malestar es evidente. Fuentes cercanas al intendente Guillermo Montenegro señalaron que la pérdida de esta vía de recaudación complicará aún más el panorama financiero del municipio, que ya venía luchando por mantener los servicios esenciales en medio de la crisis económica.

A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei justifica la medida como parte de una ofensiva contra los “reajustes impositivos” de las administraciones locales, que días atrás habían sido denunciados en supermercados y otros servicios. No obstante, los municipios, que dependen de estos ingresos para financiar servicios urbanos, ven en esta decisión una amenaza directa a su sostenibilidad financiera.