Controversia por la cesión de tierras públicas al barrio privado Rumencó

El Ejecutivo municipal ha elevado una propuesta al Concejo Deliberante que podría beneficiar considerablemente al barrio privado Rumencó. En esta oportunidad, el gobierno local ha solicitado la cesión de cinco calles públicas, algunas de las cuales nunca fueron abiertas al uso común, para integrarlas al complejo cerrado. Este movimiento permitiría la creación de una nueva área dentro del barrio, denominada “Praderas de Rumencó”, bajo la justificación de que se trata de tramos de calles que, en su mayoría, permanecen sin uso público efectivo.

La iniciativa, que deberá ser discutida en las comisiones de Obras, Legislación y Hacienda del Concejo, involucra la cesión de un total de 43.279,67 metros cuadrados. Entre los terrenos en cuestión, se incluyen prolongaciones de las calles José Hernández, Angelina Pagano, Florencio Parravicini y Juramento, además de un sector delimitado por plano de mensura, todos ubicados en la periferia sur de la ciudad.

El valor establecido por la Comisión Permanente de Tasaciones para estas tierras asciende a $527.146.380,60, que el fideicomiso “Praderas de Rumencó” debería abonar en un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas. Estos fondos, según lo estipulado en la propuesta oficial, se destinarían a la construcción de obras de infraestructura de servicios públicos, en concordancia con la Ley Provincial de Acceso al Hábitat.

Sin embargo, la medida ha suscitado controversias, ya que algunos sectores cuestionan la transparencia y la equidad de la transacción. Mientras que la administración municipal sostiene que esta operación permitirá un desarrollo urbanístico ordenado y generará recursos para la ciudad, críticos del proyecto ven con preocupación la continua expansión de barrios cerrados en detrimento del espacio público.

La situación es aún más compleja debido a que algunas de las calles en cuestión ya han sido cerradas al tránsito por el propio barrio privado, lo que lleva a algunos a interpretar esta cesión como una regularización de una situación de facto más que como una venta propiamente dicha.

El expediente ahora espera su tratamiento en el ámbito legislativo, donde se anticipa un debate intenso. La decisión final podría sentar un precedente significativo en la relación entre el desarrollo privado y el uso del suelo público en la ciudad.