El gobierno local presentó una denuncia ante la Fiscalía General, acusando a un grupo de empleados municipales de intimidar al personal de control para impedir la verificación de datos de quienes retienen tareas.
La administración de Guillermo Montenegro denunció a varios empleados municipales por amedrentar a los trabajadores encargados de registrar los datos de aquellos que están en retención de tareas. Según el informe presentado a la Fiscalía General, el miércoles pasado, agentes de la Dirección General de Personal y de la Subsecretaría de Control de Gestión visitaron diversas oficinas municipales para verificar el cumplimiento de las tareas asignadas.
Estas acciones se enmarcaron en “el poder de dirección y control que les corresponde, con el objetivo de garantizar los servicios que la Municipalidad debe ofrecer a la comunidad” en el contexto de la retención parcial de tareas impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
La denuncia señala que durante estas visitas, tanto empleadas como empleados fueron insultados y abucheados por intentar realizar sus labores de control, lo que les obligó a retirarse sin poder corroborar la información de manera adecuada en algunos casos. Además, se indica que “la intimidación fue tan grave que posteriormente solicitaron no ser asignados a esa tarea debido a la inseguridad que sentían”.
Ayer, a las 8:15, “un numeroso grupo de personas identificadas como representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales se presentó en el tercer piso de la Municipalidad, donde se encuentran algunas oficinas de la Dirección de Personal, y comenzaron a manifestarse en los pasillos”. Según el relato del municipio, “tras unos minutos, traspasaron las puertas de ingreso e irrumpieron entre los puestos de trabajo de los empleados municipales con bombos, cacerolas y otros objetos, generando un gran alboroto”.
“Entre cánticos, aplausos y ruido de bombos, se dirigieron al área del Departamento de Control de Personal, donde trabaja el grupo que había realizado los controles el día anterior, y alzaron la voz para intimidar a los empleados, exigiendo que no realicen más esas tareas de control y anunciando que regresarían todos los días si fuese necesario”, agrega la denuncia.
Según el informe, “simultáneamente, otro grupo de manifestantes se trasladó a la Dirección de Personal, donde continuaron con el ‘ruidazo’ y golpearon la puerta de ingreso, que se mantenía cerrada por precaución, así como las paredes de la oficina, hechas de durlock”.
El gobierno local considera que “todos estos actos podrían constituir delitos de intimidación, sin perjuicio de la calificación legal que la Fiscalía determine, recordando que siempre deben respetarse los derechos y garantías de todas las personas que desempeñan sus tareas en un ambiente laboral de respeto mutuo y libre de intimidaciones y amenazas”.