Es un buen momento para deliberar

En la última semana, más allá del desapercibido paso de las Rendiciones de Cuentas por las comisiones internas del Concejo Deliberante, se suscitaron algunas cuestiones que sirvieron a la oposición para plantarse y al oficialismo para revalidar lealtades.

Aquello que retumbaba en los pasillos del deliberativo terminó por explotar en la comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad.

Según lo dispuesto en el Reglamento Interno del HCD le corresponde a esta Comisión “dictaminar sobre todo asunto o proyecto referido a la seguridad pública, el análisis de la normativa general y los convenios celebrados con el Estado Nacional y Provincial en dicha temática; el tratamiento, seguimiento y control de las disposiciones locales y la promoción de planes y programas que fomenten la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y el seguimiento de la situación de la seguridad en la comunidad, promoviendo la prevención del delito y la violencia y el abordaje de los conflictos territoriales, articulando las capacidades institucionales para dar respuesta a los mismos en coordinación con distintos actores civiles e institucionales vinculados a la materia, especialmente con el Foro Municipal de Seguridad y garantizando el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional y Provincial”.

La grandilocuencia de las definiciones contrasta con la ineficacia constatada. Tratemos de entender aquello que sucede en casi todas las comisiones internas y cómo se traslada a todo el cuerpo legislativo en pleno.

En los últimos meses se impuso una metodología de trabajo en el deliberativo que sirve para obstruir casi cualquier iniciativa opositora: en el caso que algún edil de Unión Por la Patria o Acción Marplatense presente un proyecto de comunicación consultando sobre la viabilidad de algún reclamo el oficialismo solicita infinidad de informes a sabiendas que muchos no serán respondidos, además en el caso que algún concejal de los bloques citados presente un proyecto de ordenanza el oficialismo opta por archivar la iniciativa.

Obviamente existen excepciones a esta regla, y el mecanismo también es empleado por la oposición en las comisiones que cuenta con mayoría, pero tarde o temprano los proyectos oficialistas, que en su mayoría apuntan a la gestión del gobernador Axel Kicillof, suelen llegar a la sesión generando interminables debates políticos partidarios, incluso como cuando hay acuerdo sobre el fondo del mismo, claro ejemplo de ello fue la exitosa Jornada de Trabajo por la crisis de IOMA que contó con la presencia de oficialistas y opositores mostrando un compromiso público en relación a un tema tan delicado, pero luego diversos proyectos que se limitaban a expresar rechazo o preocupación en relación a ese tema terminaron en debates tan estériles como pintorescos.

Volviendo al meollo de la cuestión, el Reglamento Interno prevé que las Comisiones del Concejo Deliberante podrán requerir del Departamento Ejecutivo todos los informes que consideren necesarios para el mejor desempeño de su cometido. Es difícil suponer como cualquier informe puede mejorar (en términos legislativos) un proyecto de Comunicación que de por si es una proposición dirigida a recomendar, pedir o exponer algo, no pudiendo tener carácter imperativo.

Los proyectos de comunicación sirven en la actualidad para canalizar reclamos vecinales en los tiempos que decide el Ejecutivo en base a las respuestas que remite al deliberativo. Más allá que parezca una puesta en escena para engrosar la labor legislativa de algunos concejales opositores, lo cierto es que las herramientas de transformación con las que la minoría cuenta son reducidas, y eso fue lo que quedó en evidencia en la comisión de Seguridad.

El inquieto y prolifero Diego García, concejal del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ordenanza para la creación y puesta en marcha de una aplicación de seguridad denominada “Alerta MGP” con accesos directos para dar aviso ante distintos tipos de emergencia. Más allá del análisis minucioso de la iniciativa y que según los dichos del oficialismo se asemejaría a una que no prosperó presentada hace unos años por Vilma Baragiola, la extensa y detallada exposición de García demostró el interés del concejal en avanzar en el tratamiento, incluso resultaba lógica y oportuna la intervención de la Secretaría del Seguridad, pero desde el interbloque oficialista se escudaron en un viejo informe negativo al proyecto de Baragiola para solicitar sin más el archivo del proyecto haciendo valer la mayoría en la comisión.

La reacción del concejal de UxP no se hizo esperar y sorprendido por la intransigencia oficialista, incluyendo al representante libertario, expresó su malestar en duros términos y quedó acompañado solo por la concejal de Acción Marplatense Eva Ayala.

Esta dinámica tóxica en términos legislativos termina por dinamitar cualquier fluidez en la dinámica legislativa porque se rompen todos los lazos de confianza y se termina limitando la tarea del deliberativo. Según afirma la presidenta de la comisión de Seguridad más de una veintena de expedientes esperan desde hace meses una respuesta del Departamento Ejecutivo, es decir están varados en un limbo de papeleo virtual mientras los problemas se multiplican más allá de las húmedas paredes del palacio.

En épocas de mayoría automática no existe el intercambio legislativo, el HCD poco a poco pierde prestigio de la mano que los concejales pierden influencia. Muchos son los que se quejan de la situación en “off” pero también algunos se sienten cómodos ejerciendo el rol de anfitriones de eventos sociales que colman el recinto ante la falta de discusión política de trascendencia práctica.

En las últimas elecciones Guillermo Montenegro aseguró su reelección con 161.375 votos (41,2%) mientras que UxP cosechó 141.788 (36,2%). En las elecciones legislativas de 2021, Fernando Muro, quien era el delfín del acalde y ni siquiera ejerce como concejal en la actualidad, obtuvo 160.268 votos (47,3%) mientras que Virginia Sívori (FdT) cosechó 91.549 votos (27,02%). El oficialismo se ubica en el rango de los 160.000 votos, que en elecciones de alta participación se traduce en el 40% de los votos positivos. En ninguna de las elecciones el oficialismo se impuso superando el 50% de los votos, pero el sistema de reparto que se utiliza en la provincia de Buenos Aires le brinda al ganador alguna “banca extra” puesto que el piso para ingresar un edil es de 8,33%, bastante alto en comparación a otros sistemas. En otras palabras, la mayoría popular de la que hace gala el oficialismo en el discurso no surge del voto popular sino de las limitaciones del sistema de reparto de representación legislativa, es tan solo un accidente que debe administrarse con sabiduría.

En estos poco más de 150 días de mayoría automática, la sabiduría y la prudencia no son dos virtudes que ha demostrado el oficialismo. Siempre hay tiempo y herramientas para mejorar la labor del deliberativo e impedir que se reduzca en un espacio de encuentro social de alguna elite acomodada. No se olviden que el hombre muchas veces es víctima de las circunstancias (incluso de las que parecen inmejorables), y la política también.

Hasta la próxima.