Los vecinos habían pedido que las compensaciones por la construcción de Torres de lujo se destinen al Centenario. Daniel Barragán y Luis Salomón solicitaron respuestas urgentes al municipio para evitar una tragedia en el populoso barrio. “A diferencia del concejal Nuñez creemos que el Estado se debe hacer cargo y que las prioridades deben ser las necesidades de los que menos pueden”, indicaron.
El Concejo Deliberante continuó en la comisión de Legislación con el tratamiento de las cuatro iniciativas privadas para realizar construcciones por fuera de lo normado en el COT e incluso en predios con inmuebles declarados de Interés Patrimonial, el Distrito de Arte y Diseño (en la manzana delimitada por las avenidas Juan B. Justo y Edison y las calles Bermejo y Solís), el Chateau Frontenac (Villa Kelmis, ubicado en Alvear y Bolívar), y el Unkanny Residences (en el ex Hotel Hurlingham, de Boulevard Marítimo y Pellegrini). Los expedientes fueron aprobados y continuarán su camino hacia el debate en el recinto.
En ese marco y a raíz del pedido de representantes de los vecinos del barrio Centenario para que las Compensaciones Urbanísticas que deben realizar los desarrolladores de esos emprendimientos se vuelquen en su barrio, el concejal Nuñez, presidente de la comisión, afirmó: “Lo que planteamos es que lo que hoy sucede en el barrio Centenario es responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires que no ha escriturado en un proyecto que de soluciones a los vecinos que viven allí”.
Ante esa respuesta, los Defensores del Pueblo Luis Salomón y Daniel Barragán cuestionaron las declaraciones del edil radical y mostraron su disconformidad mediante un comunicado. “Aplaudimos que se realicen obras, porque generan trabajo para muchos habitantes de nuestra ciudad, al mismo tiempo, afirmamos que el espíritu de la Ley provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat es redistributivo y destinado a compensar a quienes menos pueden con parte de las ganancias extras que tienen las empresas. Entendemos que el Complejo Centenario queda en la ciudad de Mar del Plata y que sus veintidós mil habitantes son marplatenses, lo que implica la responsabilidad de las autoridades de General Pueyrredon en un barrio que construyó el Estado en tiempos de dictadura militar y que tiene notorias deficiencias constructivas desde sus inicios, indicaron.
Además, apuntaron contra las autoridades de turno y solicitaron respuestas inmediatas. Si el barrio no queda en la ciudad de La Plata, hay que hacerse cargo, para eso las autoridades son elegidas. Queremos saber que gestiones se están realizando para brindar soluciones a una problemática que crece y que se nos va a caer a TODOS en la cabeza”, manifestaron.
Por último, los defensores indicaron que el Estado se debe hacer cargo y que las prioridades deben ser las necesidades de los que menos pueden. “Es tiempo que se ponga en marcha el Consejo Local de Hábitat que la ley provincial establece y la Comisión de Compensaciones para que estos temas no sean decisión única y arbitraria del ejecutivo”.